La crisis en torno a la histórica iglesia de la Virgen María en Rashid, gobernación de Beheira, Egipto, ha vuelto a estallar, esta vez con descarados intentos de destruir lo que queda del monumento cristiano. Los autores no son «radicales» anónimos, sino los hijos de un consejero del tribunal penal (juez), hombres influyentes que actúan como gánsteres, decididos a demoler los restos de la iglesia antes de que se lleve a cabo una inspección gubernamental. Su objetivo es claro: borrar todo rastro de la identidad cristiana de la iglesia antes de que la ley pueda intervenir.

Solo gracias a la intervención de la policía de Rashid se detuvo la demolición total en pleno acto. El intento fue denunciado por el padre Luka Asaad, sacerdote de la iglesia, que se ha negado a guardar silencio incluso a riesgo de su propia seguridad. Describió el incidente como «un intento de borrar la identidad histórica de la iglesia antes de que concluyeran las etapas del litigio». Por denunciarlo, fue golpeado, arrastrado fuera de su iglesia y le robaron el teléfono cuando intentaba documentar la destrucción.

Los trabajadores pagados para destruir las cúpulas y el techo de la iglesia lo hicieron bajo el endeble pretexto de los «derechos de propiedad». Uno de los hijos de un consejero —irónicamente, un juez de alto rango del poder judicial egipcio— afirma que compró la iglesia en 1990 a la comunidad griega. Aunque fuera cierto, tal afirmación es irrelevante: el propio poder judicial egipcio ha dictaminado que las iglesias, al igual que las mezquitas, no pueden comprarse, venderse ni demolerse. Pero el oportunismo no tiene nada que ver con la ley y sí con apoderarse de las propiedades cristianas escondiéndose tras una fachada legal.

La iglesia de Rashid, construida a principios del siglo XIX y que en su día perteneció al Patriarcado Ortodoxo Griego antes de ser confiada a los coptos durante el reinado del papa Shenouda y el obispo Anba Pachomius, no es una simple parcela inmobiliaria. Al igual que el monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, que se enfrenta a problemas similares, es un monumento religioso e histórico.

Sin embargo, desde 2009, ha sido desmantelada pieza a pieza: primero su campanario, luego grandes secciones del edificio de la iglesia y ahora el techo y las cúpulas. Se trata simplemente de una destrucción premeditada. El hecho de que los agresores estén vinculados al poder judicial egipcio no hace sino subrayar el escándalo: quienes deberían defender la justicia están liderando el ataque contra el patrimonio cristiano autóctono de la nación. Irónicamente, el caso lleva ante los tribunales desde 2009, sin que se haya dictado aún una sentencia definitiva.

Por si fuera poco, como si despojar a una iglesia no fuera suficiente, los coptos de Rashid también sufrieron, una vez más, la profanación de su cementerio. En agosto de 2025, las autoridades locales demolieron el muro protector que rodeaba el cementerio copto, a pesar de que la iglesia había obtenido una licencia oficial (n.º 6 de 2025) para construirlo. El muro se había terminado de construir recientemente, con un gran coste, y su finalidad era sencilla y necesaria: salvaguardar la dignidad de los difuntos. Sin embargo, las excavadoras llegaron sin previo aviso ni explicación y lo derribaron, como si las tumbas cristianas no tuvieran derecho a protección.

Los sacerdotes coptos de Rashid expresaron su indignación por esa acción arbitraria, subrayando que no se trataba solo de ladrillos y cemento, sino de un ataque a la «santidad de los lugares de descanso eterno de nuestros hijos y padres». Sus peticiones para que se construya una carretera adecuada hasta el cementerio —prometida por las autoridades municipales en noviembre de 2024— siguen siendo ignoradas. Las apelaciones a los parlamentarios no han obtenido respuesta. Las quejas presentadas en El Cairo, incluso a la presidencia y al gabinete, siguen en el limbo. El silencio y la negligencia agravan la injusticia.

No es una coincidencia. Rashid es un microcosmos de la guerra más amplia que libra el Egipto musulmán contra su patrimonio cristiano. El guion es claro y se repite una y otra vez: los actores islamistas utilizan reclamaciones (a veces falsificadas) o «compras» para justificar la confiscación de iglesias. Las autoridades miran para otro lado o, lo que es peor, envían ellas mismas las excavadoras. Las protecciones legales y las sentencias judiciales existen sobre el papel, pero se ignoran en la práctica. Los coptos son golpeados cuando se resisten; sus iglesias son desmanteladas mientras están pendientes de inspección; sus cementerios son demolidos incluso cuando cuentan con licencia oficial.

Mientras tanto, las mezquitas son intocables. Los lugares musulmanes gozan de protección absoluta, mientras que los cristianos son prescindibles. Este doble rasero revela la verdad: los cristianos de Egipto viven como ciudadanos de segunda clase en su propia tierra ancestral, y su patrimonio es blanco no solo de oportunistas islámicos, sino del mismo Estado que dice garantizar la igualdad.

Para que quede claro, la destrucción de la iglesia de Rashid y la demolición del muro del cementerio no son «incidentes aislados». Forman parte de un empeño sistemático en todo Egipto. Desde Alejandría hasta Menia, desde el Alto Egipto hasta el propio El Cairo, las iglesias coptas son frecuentemente cerradas, se les niegan los permisos o son confiscadas con pretextos que van desde «riesgos para la seguridad» hasta «falta de autorización». Los monasterios se enfrentan a irrupciones. Los cementerios son descuidados o destruidos. Incluso cuando la atención internacional obliga al Gobierno a reconstruir, el proceso se prolonga, mientras la comunidad sufre.

Lo que está ocurriendo en Rashid es lo que ha ocurrido —y sigue ocurriendo— en todo el país: la lenta confiscación e islamización de los espacios cristianos. Los métodos pueden diferir —artimañas judiciales, violencia colectiva, obstrucción burocrática, o demolición directa—, pero el objetivo es el mismo: borrar la presencia cristiana del paisaje y la memoria de Egipto.

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