Abordar con objetividad la presencia de la masonería en la España actual exige desprenderse de dos mitos simétricos: el que la presenta como una fuerza oculta que mueve los hilos del poder y el que la presenta, en clave apologética, como una reserva moral de librepensamiento y compromiso cívico cuya influencia sería tan discreta como benéfica. Ninguna de las dos imágenes resiste el escrutinio empírico. Lo que hay es algo bastante más modesto, más fragmentado y, francamente, más irrelevante políticamente de lo que cualquiera de los dos relatos sugiere.

El punto de partida: una masonería residual

La masonería española entró en el siglo XXI en condiciones estructuralmente débiles, y conviene decirlo sin rodeos. Legalizada en 1979 tras casi cuarenta años de prohibición franquista, nunca logró reconstruir el peso sociológico ni la influencia cultural que había tenido en la Segunda República. Las razones son múltiples y se refuerzan mutuamente: el exterminio y el exilio de la masonería republicana durante la Guerra Civil y la posguerra rompieron la continuidad generacional. La represión sostenida durante el franquismo desactivó cualquier posibilidad de transmisión clandestina relevante. La transición democrática canalizó las energías laicistas, progresistas y librepensadoras a través de los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones cívicas, no de las logias. Y la secularización acelerada de la sociedad española hizo que las grandes causas históricas de la masonería (laicidad, educación pública, libertad de conciencia) dejasen de necesitar un vehículo iniciático para avanzar.

Las cifras son elocuentes. Las estimaciones más habituales sitúan el número total de masones en España en torno a los 3.000-4.000 miembros distribuidos entre las distintas obediencias, en un país de 48 millones de habitantes. Para poner la cifra en perspectiva: hay más afiliados a cualquier partido municipal de tamaño medio, a cualquier federación deportiva menor o a cualquier asociación profesional de las de menor peso. Hablar de «la masonería» como actor político en la España del siglo XXI exige asumir primero este dato: estamos ante una organización demográficamente marginal.

Fragmentación y rivalidad entre distintas obediencias

El paisaje masónico español está fragmentado en varias obediencias que no se reconocen mutuamente y que compiten por la legitimidad histórica, los miembros y el prestigio simbólico. Las principales son la Gran Logia de España, fundada en 1982 y reconocida por la Gran Logia Unida de Inglaterra como la única masonería «regular» en territorio español, de perfil tradicional y no mixta; el Gran Oriente de España, refundado tras la legalización y adscrito a la tradición liberal-ateísta; la Gran Logia Simbólica Española, mixta y de tradición liberal; y la Federación Española de Le Droit Humain, obediencia mixta internacional con implantación en España. A estas se suman obediencias femeninas y otras agrupaciones menores.

Esta fragmentación tiene consecuencias prácticas: impide cualquier acción concertada, consume energías en disputas internas sobre regularidad, reconocimiento y primacía, y proyecta hacia el exterior una imagen dividida. Quienes imaginan una masonería española capaz de operar como sujeto político unificado no han mirado con atención su fragmentación institucional.

Cuál es la influencia real en la política española

Aquí conviene ser especialmente claro. No existe evidencia empírica, documental ni testimonial solvente de que la masonería española haya desempeñado en las dos primeras décadas del siglo XXI un papel relevante ni en la configuración de políticas públicas, ni en la selección de élites políticas, ni en la orientación de los grandes partidos, ni en los procesos legislativos. No lo hizo durante los gobiernos de Aznar, ni durante los de Zapatero, ni durante los de Rajoy, ni durante los de Sánchez. No hay un «lobby masónico» con capacidad de incidencia comparable, por ejemplo, a la de la Conferencia Episcopal, a la de las grandes patronales, a la de los grandes bufetes o a la de los fondos de inversión internacionales. Afirmar lo contrario exige aportar pruebas que hasta ahora no se han aportado.

Lo que sí existe, y conviene precisar porque aquí es donde el debate serio se separa del folclore conspirativo, son masones individualmente considerados que han ocupado u ocupan cargos políticos, judiciales, militares o académicos. Pero esto dice muy poco. En una sociedad abierta, la pertenencia a una asociación legal no convierte a sus miembros en agentes de esa asociación cuando ejercen funciones públicas. Que un diputado sea socio del Real Madrid, miembro de una cofradía de Semana Santa, del Rotary Club o de una logia masónica no implica que vote en el Congreso en representación de esas adscripciones. La falacia de componer «influencia masónica» sumando biografías individuales de masones es un viejo recurso de la literatura conspirativa que no explica nada.

Dicho esto, conviene no caer en la ingenuidad opuesta. La pertenencia a una logia puede funcionar, como funciona la pertenencia a cualquier red de sociabilidad elitista, como capital social: facilita contactos, genera vínculos de confianza, abre puertas. Esto es verificable en ciertos ámbitos profesionales (sobre todo en profesiones liberales, algunos sectores empresariales de provincias y determinadas redes locales), pero su escala es modesta y difícilmente distinguible del funcionamiento de otras redes análogas (antiguos alumnos de determinados colegios, clubes diversos, asociaciones profesionales). Reconocer esto no equivale a describir un poder oculto; equivale a describir cómo funcionan las élites en cualquier sociedad compleja.

Reaparición de la posición antimasónica en corrientes de derechas

El fenómeno políticamente más relevante relacionado con la masonería en la España del siglo XXI no ha sido la acción de los masones, sino, más bien, la reactivación del discurso antimasónico desde sectores de la derecha. Vox, y particularmente algunos de sus dirigentes y delos altavoces mediáticos afines, han recuperado la figura de «la masonería» (habitualmente asociada al «globalismo», al «lobby LGBTI», al «Foro de Davos», a Soros, a la Agenda 2030 o a la «dictadura progre») como significante del enemigo total al que atribuir los males de la sociedad.

Este discurso tiene una genealogía inequívoca: hunde sus raíces en la posición antimasónica franquista y, antes aún, en el integrismo católico decimonónico y en la literatura conspirativa europea del periodo de entreguerras. Que este imaginario esté siendo reciclado en el siglo XXI por un partido con representación parlamentaria, capacidad de establecer la agenda mediática y gobiernos autonómicos y municipales es un dato políticamente significativo, y lo es por razones que tienen poco que ver con la masonería real.

Conviene decirlo con claridad: el problema no es que la masonería española tenga un poder oculto que merezca ser denunciado. El problema es que se está utilizando la figura de «la masonería», un actor sociológicamente marginal, como chivo expiatorio simbólico para articular un relato de enemigos de la nación que cumple funciones políticas muy precisas: deslegitimar al adversario sin argumentar contra sus políticas, movilizar pulsiones identitarias sin programa económico alternativo y construir una comunidad política. La masonería aquí parece más bien el nombre actualizado de una operación ideológica muy antigua. Quien quiera entender la posición antimasónica  en la España del siglo XXI quizá entienda más leyendo sobre populismo autoritario contemporáneo o sobre la derecha radical que leyendo sobre las logias.

Esto no significa que la masonería deba ser blindada frente a la crítica. Significa que hay una crítica seria a la masonería: a sus rituales arcaicos, su opacidad, su elitismo masculino tradicional en el caso de las obediencias regulares, su decorativismo iniciático, la distancia entre su autorrepresentación grandilocuente y su irrelevancia real. Pero esa es una crítica muy distinta de la que articula el imaginario conspirativo. Aquella es una crítica sociológica e ideológica; esta no es más que una operación de propaganda.

En el otro lado, la autopromoción masónica y sus excesos

En honor al enfoque crítico, conviene también desmontar el relato apologético opuesto, que la propia masonería española tiende a producir sobre sí misma. Las obediencias españolas, especialmente a través de sus publicaciones, actos académicos, conferencias y entrevistas de sus dignatarios, tienden a presentarse como herederas directas de una gloriosa tradición librepensadora, como reserva ética de la sociedad civil, como espacio privilegiado de reflexión filosófica y como contrapeso necesario a los dogmatismos contemporáneos.

Esta autorrepresentación tiene varios problemas. Primero, sobrevalora sistemáticamente la continuidad histórica con la masonería republicana, ignorando la ruptura de cuarenta años que hace de la masonería actual más una refundación que una restauración. Segundo, presenta como logros colectivos de la orden avances sociales (laicidad, derechos civiles, educación pública) que en la España democrática han sido conquistas de partidos políticos, movimientos sociales y mayorías parlamentarias donde los masones, como tales, no han desempeñado un papel identificable. Tercero, confunde el valor simbólico o intelectual que la experiencia masónica pueda tener para sus miembros individualmente (algo perfectamente legítimo y que no corresponde a un observador externo juzgar) con una relevancia pública que objetivamente no poseen. Cuarto, utiliza la existencia del discurso antimasónico de la derecha radical para reclamar una centralidad que la propia posición antimasónica, al dirigirse a un objetivo desproporcionado respecto a su peso real, paradójicamente les otorga.

Episodios concretos y elocuentes ausencias

Si se revisa la crónica política española del siglo XXI buscando episodios en los que la masonería haya sido protagonista real, el resultado es llamativamente pobre. Ha habido polémicas periódicas, como declaraciones de dignatarios masónicos respondiendo a ataques de la derecha radical, debates sobre la conmemoración de masones históricos, alguna disputa sobre la memoria de masones represaliados por el franquismo. Pero ninguno de esos episodios resulta comparable, ni remotamente, a la relevancia que tuvieron en Italia los escándalos de la P2 y el Banco Ambrosiano, o a las denuncias recurrentes en Francia sobre redes masónicas en la magistratura.

Esta ausencia es, en sí misma, informativa. Sugiere que la masonería española del siglo XXI, sea cual sea el juicio que se haga sobre su actividad interna, no ha generado escándalos públicos comparables a los de otras tradiciones nacionales, ni ha aparecido de modo sustantivo en las grandes causas judiciales de corrupción política, financiera o institucional que han marcado las últimas dos décadas (caso Gürtel, ERE, caso Bárcenas, caso Pujol, trama Koldo, etc.). De todo ello puede inferirse razonablemente que no es un actor relevante en las estructuras reales del poder y la corrupción españolas, que son los terrenos donde se juega el poder efectivo.

Un balance crítico

Un balance honesto de la presencia masónica en la política española del siglo XXI exige sostener simultáneamente varias tesis que no suelen combinarse en los debates públicos. La masonería española es una organización sociológicamente marginal, internamente fragmentada y políticamente irrelevante en términos de incidencia real sobre las políticas públicas o la configuración del poder. El discurso que le atribuye un poder oculto desproporcionado es falso y cumple funciones ideológicas específicas al servicio de proyectos autoritarios. La crítica legítima a la masonería (su elitismo, su opacidad, su autorrepresentación inflada, su anacronismo ritual) no requiere la adopción de esos marcos conspirativos ni obtiene beneficio de ellos. La propia masonería española contribuye ocasionalmente a su caricatura con una retórica autojustificativa que sobredimensiona su relevancia histórica y cívica. Y el renovado protagonismo retórico de «la masonería» en el discurso de la derecha radical española no habla, en realidad, de la masonería, sino de los dispositivos ideológicos contemporáneos que necesitan enemigos totales para funcionar.

La conclusión, quizás decepcionante para quienes buscan tramas ocultas y para quienes buscan heroísmos cívicos, es que la masonería española del siglo XXI es, políticamente, un actor menor. Ni mueve los hilos del poder ni salva la conciencia ética del país. Subsiste, se reúne, publica, se disputa la herencia simbólica del pasado, responde a los ataques y se relaciona internacionalmente. Su existencia es legítima, su irrelevancia política es verificable y el ruido conspirativo a su alrededor tiene mucho más que ver con las patologías del debate público contemporáneo que con cualquier actividad real de sus logias. Decir esto con claridad, sin eufemismos apologéticos ni dramatizaciones conspirativas, es probablemente la aportación más útil que puede hacerse a la comprensión del asunto.