Sobre este punto se sabe muy poco con certeza. Y decir esto no es una evasiva, sino la respuesta más razonable sobre lo que hay, y conviene explicar por qué.

El problema epistemológico de partida

La masonería española, como la de la mayoría de países, opera bajo un principio de discreción sobre la pertenencia individual. Los estatutos de las obediencias españolas establecen que la condición de masón de cada miembro es un dato personal que solo el propio interesado puede revelar. Las obediencias no publican listas de miembros, no confirman ni desmienten pertenencias ajenas, y consideran una falta grave que un masón revele la pertenencia de otro sin su consentimiento.

Esto tiene una consecuencia metodológica directa: la única fuente fiable sobre la pertenencia masónica de una persona viva es la declaración pública de esa misma persona. Cualquier otra vía (rumores, atribuciones periodísticas sin fuente, listados que circulan por internet, denuncias de adversarios políticos) carece de valor probatorio y, tratándose de personas vivas, puede incurrir en vulneraciones del derecho al honor y a la intimidad.

Por tanto, lo que puede afirmarse con certeza se reduce a los casos en que el propio interesado ha hecho pública su condición, o en que figura oficialmente como dignatario de una obediencia.

Lo que sí está públicamente documentado

En el terreno estrictamente masónico, es decir, personas cuya relevancia pública deriva de su cargo dentro de la propia orden, los Grandes Maestres y dignatarios de las distintas obediencias españolas son públicos por definición. La Gran Logia de España, el Gran Oriente de España, la Gran Logia Simbólica Española y Le Droit Humain publican los nombres de sus máximos responsables, que conceden entrevistas, firman artículos y participan en actos institucionales. Pero estos nombres, precisamente por ser figuras del mundo masónico, no son lo que suele interesar cuando se pregunta por «masones en la política, la economía o los medios»: son masones cuya función pública es ser masones.

Fuera de ese círculo, los casos de personas con proyección pública en otros ámbitos que hayan reconocido abierta y verificablemente su pertenencia a una logia son muy escasos. Algunos intelectuales, académicos o escritores han hablado públicamente de su militancia masónica en entrevistas o libros autobiográficos, pero se trata de un número reducido y, en general, de figuras de perfil cultural más que de primera línea política o económica. En el ámbito político, empresarial o mediático de primer nivel, las declaraciones públicas de pertenencia son excepcionales.

Lo que circula pero no puede afirmarse con certeza

Existe abundante literatura (libros de periodistas, artículos de prensa de investigación, blogs especializados, material de procedencia variable) que atribuye pertenencia masónica a determinadas figuras de la política, la judicatura, la empresa o los medios españoles. Parte de este material procede de investigaciones periodísticas serias; otra parte, de fuentes muy dudosas, incluyendo panfletos de orientación antimasónica cuya fiabilidad es nula. Incluso en el caso de investigaciones periodísticas solventes, la dificultad estructural del asunto —la imposibilidad de verificación documental independiente— hace que las atribuciones concretas a personas vivas deban tomarse con extrema cautela.

Por esta razón es mejor abstenerse de reproducir nombres concretos de personas vivas atribuidas a logias por esas fuentes. No por un escrúpulo apologético hacia la masonería, sino por dos razones más sustantivas. La primera es epistémica: repetir atribuciones no verificables convierte al repetidor en eslabón de una cadena de rumores, no de conocimiento. La segunda es ética y jurídica: atribuir a una persona viva una pertenencia que ella misma no ha reconocido públicamente puede constituir una intromisión ilegítima en su intimidad, aunque la pertenencia fuera cierta y aunque la masonería sea perfectamente legal. El derecho a no revelar las propias creencias o afiliaciones es simétrico: protege tanto a quien no quiere ser identificado como católico, como comunista o como masón.

El contraste con el material histórico

La situación es radicalmente distinta cuando se trata de figuras históricas ya fallecidas. Para el periodo de la Segunda República, la Guerra Civil y el exilio, existe documentación masónica abundante (en buena parte custodiada en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, procedente de los archivos incautados por el franquismo) que permite identificar con precisión la pertenencia masónica de centenares de políticos, intelectuales, militares y profesionales del primer tercio del siglo XX. Aquí sí puede hablarse con base documental sólida: Diego Martínez Barrio, Manuel Portela Valladares, Augusto Barcia, Marcelino Domingo, Rodolfo Llopis, entre muchos otros, fueron masones documentalmente acreditados.

Para el periodo democrático posterior a 1979, la documentación pública es, por las razones explicadas, mucho más escasa y se limita básicamente a los dignatarios de las obediencias y a quienes han hecho declaraciones explícitas.

Una observación final

Es probable que esta respuesta resulte poco satisfactoria si se esperaba una lista de nombres. Pero construir esa lista con mínimo rigor es, sencillamente, imposible desde fuentes públicas verificables, y construirla con fuentes dudosas es reproducir precisamente el tipo de operación (la atribución especulativa de pertenencias ocultas) que alimenta el imaginario conspirativo antimasónico. Quien afirme saber con certeza, nombre a nombre, quiénes son los masones relevantes de la política, la economía y los medios españoles actuales, o bien es masón él mismo y está violando el deber de discreción de su orden, o bien está especulando y presentando su especulación como conocimiento. Ninguna de las dos posturas ofrece información fiable.

Lo que sí puede afirmarse con seguridad, y quizás sea más útil, es que el conjunto de esas pertenencias, sea cual sea su composición nominal exacta, no configura una red con capacidad demostrada de incidencia significativa en las decisiones políticas, económicas o mediáticas del país, por razones estructurales: fragmentación de las obediencias, escala numérica modesta, ausencia de episodios públicos comparables a los de otras tradiciones nacionales. La pregunta sobre quiénes son los masones conocidos es, en el fondo, menos relevante de lo que parece; la pregunta sobre qué hace colectivamente la masonería española, tiene una respuesta más clara y menos halagüeña para la propia orden: muy poco con impacto público verificable.

No obstante, ampliaremos indirectamente el tema de la pertenencia masónica de personajes públicos españoles en los dos capítulos siguientes: las afinidades ideológicas con el progresismo y las imbricaciones con el partido socialista.