Si nos preguntamos hasta qué punto existe una relación de las políticas «progresistas» que marcan la actualidad con tendencias recientes de la masonería, es necesario formular la pregunta con precisión. Hay que evitar la carga conceptual que conlleva implícitos que son discutibles o tendenciosos. Por ejemplo, utilizar a la vez los términos «progre», «woke», «LGBT», «feminista» y «proabortista» como si designaran un campo homogéneo o una agenda subyacente. Pues algunos términos son categorías descriptivas con contenido analizable (feminismo, movimiento LGTB, derechos reproductivos), mientras que otros son etiquetas polémicas acuñadas desde posiciones críticas («progre», «woke») que agrupan realidades muy heterogéneas bajo una caracterización negativa. Usar esos términos como si formaran un bloque coherente es ya adoptar una perspectiva política determinada. Dicho esto, la pregunta acerca de qué relación hay entre ciertas orientaciones recientes de la masonería y determinadas políticas sociales progresistas es legítima y podemos buscar una respuesta sin eufemismos en ningún sentido.

Hay una afinidad ideológica declarada, no una agenda oculta

Las obediencias masónicas de tradición liberal o ateísta son: el Gran Oriente de Francia, el Gran Oriente de España, la Gran Logia Simbólica Española, Le Droit Humain y sus homólogas en otros países latinos. A lo largo de las últimas décadas, han adoptado públicamente posicionamientos favorables a varias de las políticas que se proclaman «progresistas». Esto no es un secreto ni requiere investigación: figura en sus declaraciones oficiales, en sus revistas, en las intervenciones públicas de sus dignatarios y en los trabajos de sus logias que trascienden a la esfera pública.

Concretamente, estas obediencias se han pronunciado con regularidad a favor del derecho al aborto entendido como derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, de lo que llaman matrimonio igualitario y los derechos de género LGBT, de la laicidad del Estado en su versión más extrema (retirada de símbolos religiosos de espacios públicos, fin de exenciones fiscales a las confesiones religiosas, supresión de la enseñanza de la religión en la escuela pública), de la eutanasia y el derecho al suicidio asistido que designan como muerte digna, de la «igualdad de género» y de determinadas causas ecologistas. En Francia, el Gran Oriente ha intervenido en todos los grandes debates bioéticos y sociales de las últimas décadas, generalmente en la dirección descrita. En España, el Gran Oriente Español y la Gran Logia Simbólica Española han emitido comunicados públicos apoyando la ley del aborto de 2010, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo de 2005, la ley de eutanasia de 2021, así como la legislación de «memoria histórica».

Estos son hechos verificables, y conviene reconocerlo con claridad, porque a veces la propia masonería liberal lo difumina en su discurso público para evitar polémicas. Hay una afinidad ideológica real, declarada, y en ciertos casos militante, entre las obediencias masónicas de tradición liberal-adogmática y el conjunto de políticas que suelen agruparse bajo la etiqueta de progresismo social contemporáneo.

Esa afinidad obedece a la genealogía y la coherencia interna

Esta afinidad no es caprichosa ni obedece a una postura ideológica reciente. Tiene una genealogía de más de dos siglos que la hace perfectamente coherente con la tradición de la masonería liberal continental.

Desde la ruptura de 1877 entre el Gran Oriente de Francia y la masonería anglosajona (cuando el Gran Oriente suprimió la obligatoriedad de creer en el Gran Arquitecto del Universo), la masonería latina ha estado ideológicamente orientada hacia el librepensamiento, el laicismo y la autonomía del individuo frente a los dogmas religiosos. De esa matriz se derivan con lógica interna casi todas las posiciones que hoy adoptan sobre cuestiones bioéticas y de derechos civiles: si el principio rector es la autonomía de la conciencia individual frente a toda autoridad —especialmente la religiosa—, entonces el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo, el derecho de las personas homosexuales a casarse entre sí, el derecho del enfermo terminal a decidir su muerte o el derecho a educarse al margen de credos se siguen como consecuencias del principio general. No hay giro reciente: hay continuidad.

El cambio real de las últimas décadas no es ideológico sino contextual: causas que en el siglo XIX eran minoritarias y transgresoras (divorcio, secularización del Estado, enseñanza laica) son hoy consenso democrático mayoritario en Europa occidental, mientras que las nuevas fronteras del debate se han desplazado a otros terrenos (identidad de género, derechos trans, gestación subrogada, eutanasia, reconocimiento jurídico de nuevas formas de familia) donde la masonería liberal ha seguido aplicando, con matices internos, el mismo principio general de autonomía individual, crítica de los dogmas religiosos y rechazo de la ley natural.

Dónde están los matices y las divisiones internas

Aquí conviene introducir precisiones que suelen perderse en los debates simplificadores. La masonería no es un bloque monolítico ni siquiera en estas cuestiones.

Primero, la distinción entre masonería regular y liberal sigue siendo decisiva. La masonería regular (la Gran Logia Unida de Inglaterra y las obediencias que reconoce, incluida la Gran Logia de España) no adopta posiciones públicas sobre cuestiones políticas, sociales o religiosas. Sus reglamentos se lo prohíben expresamente. Un masón «regular» puede ser personalmente favorable o contrario al aborto, al matrimonio homosexual o a la eutanasia, pero su logia no se pronunciará colectivamente sobre ello. Atribuir a «la masonería» como conjunto un alineamiento con las causas «progresistas» mencionadas es confundir una de sus ramas —la liberal— con la totalidad. La masonería anglosajona y la masonería regular española se sitúan fuera de este marco.

Segundo, incluso dentro de la masonería liberal hay debates internos que distan de ser pacíficos. Las cuestiones de género y sexualidad han generado tensiones considerables. La admisión de mujeres en logias históricamente masculinas ha sido conflictiva y tardía en varias obediencias. La cuestión trans ha dividido a obediencias que se consideran feministas sobre la pertinencia de admitir a mujeres trans en logias femeninas, reproduciendo dentro de la masonería los mismos debates que atraviesan al feminismo contemporáneo. La gestación subrogada es objeto de desacuerdos serios. Hay logias y obediencias de tradición liberal cuyos miembros se sitúan más cerca del feminismo clásico o crítico que de las corrientes queer o woke en el sentido polémico del término, y rechazan la asimilación de la tradición librepensadora a una agenda identitaria que consideran ajena a su genealogía ilustrada.

Tercero, en cuestiones específicamente económicas la masonería liberal no tiene una posición unificada ni distintivamente «progre». Hay masones socialdemócratas, liberales en sentido económico, republicanos clásicos, ecologistas y, en menor medida, conservadores moderados. Las posiciones colectivas se concentran en el terreno de los derechos civiles, la laicidad y la bioética, no en el terreno fiscal, laboral o de modelo económico, donde la orden históricamente ha evitado pronunciarse.

Hasta qué punto hay influencia real

Esta es la cuestión decisiva y donde la respuesta debe ser más clara. Que exista afinidad ideológica entre la masonería liberal y ciertas políticas progresistas no significa que la masonería sea la causa, ni siquiera un factor relevante, de que esas políticas se aprueben.

La ley del aborto de 1985 y su reforma de 2010, la ley de matrimonio homosexual de 2005, la ley de identidad de género de 2007, la reforma de 2023, la ley de eutanasia de 2021 y demás legislación española en estos ámbitos fueron impulsadas por partidos políticos (el PSOE principalmente, con apoyo de IU, Podemos, Sumar y otros) que respondían a programas electorales, presión de movimientos sociales organizados (feminismo, movimiento LGBT, asociaciones por el derecho a morir dignamente), debates parlamentarios, jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y mayorías sociales documentadas en encuestas. La masonería no estuvo en ese circuito causal de modo significativo. Sus pronunciamientos públicos fueron acompañantes, no motores.

Dicho de otro modo: si toda la masonería española hubiese desaparecido en 2004, las leyes de matrimonio homosexual, aborto y eutanasia se habrían aprobado prácticamente igual, porque su aprobación no dependió de la masonería sino de los factores mencionados. Atribuir a la masonería la autoría de estas políticas es, una vez más, sobredimensionar su peso real y adoptar —aun sin quererlo— el marco conspirativo que ve en la orden un actor con una capacidad de determinación política que no posee.

Lo que puede afirmarse con matices es que la masonería liberal forma parte del ecosistema ideológico más amplio «junto con el laicismo organizado, ciertos sectores del feminismo, asociaciones humanistas, librepensadores, determinadas corrientes filosóficas y académicas» que han destacado durante décadas por legitimar culturalmente esas reformas. Pero lo ha hecho como una voz más, sociológicamente menor, dentro de un campo mucho más amplio y más potente en el que la masonería ocupa, por su tamaño y su relevancia real, una posición periférica.

Dos lecturas que conviene rechazar

Hay dos maneras de responder al tema de la afinidad entre la masonería y el progresismo que resultan falsas, y las dos suelen circular.

La primera es la lectura conspirativa, frecuente en ciertos sectores de la derecha radical y del tradicionalismo católico, según la cual las políticas progresistas serían producto de una «agenda masónica» concertada, diseñada en las logias y ejecutada a través de partidos cautivos. Esta lectura es empíricamente insostenible por las razones expuestas: sobrevalora grotescamente la capacidad organizativa y la relevancia numérica de una masonería española marginal, ignora los factores sociológicos, políticos y jurídicos reales que explican la aprobación de esas leyes, y confunde afinidad ideológica, que existe, con causalidad política, que no existe en la escala que a veces se piensa.

La segunda es la lectura apologética contraria, según la cual la masonería liberal no tendría ningún posicionamiento público en estas cuestiones o sería estrictamente neutral. Esto también es falso. Las obediencias liberales se han pronunciado, con frecuencia y con claridad, a favor de las políticas mencionadas. Negarlo es desconocer o disimular sus documentos públicos.

Recapitulación

Hay, por tanto, una afinidad ideológica real, antigua y coherente entre la masonería de tradición liberal-adogmática y un conjunto de causas que incluyen el derecho al aborto, los derechos LGBT, la laicidad estricta del Estado y la eutanasia. Esta afinidad es menor o inexistente en la masonería regular, que no se pronuncia colectivamente sobre estas cuestiones. La afinidad se deriva con lógica interna de la tradición librepensadora del siglo XIX y no constituye un giro reciente ni una captación ideológica externa. Dentro de la masonería liberal hay, sin embargo, debates internos relevantes sobre varias cuestiones contemporáneas, especialmente las vinculadas al género y la identidad, donde no hay posición unánime. Y este es el punto crucial, la afinidad ideológica no se traduce en una capacidad causal significativa: las políticas mencionadas se aprueban en España por razones que no dependen de la masonería, y atribuirle a ésta una autoría que no posee es adoptar un marco conspirativo sin apoyo empírico. La masonería liberal acompaña, legitima y celebra esas políticas; no las produce.

La respuesta honesta a tu pregunta, en suma, es: sí hay relación ideológica, es pública y es antigua; no hay relación causal significativa, porque la escala de la masonería española no lo permite; y las etiquetas que agrupan como un bloque «progre, woke, LGBT, feminista radical y proabortista» corresponden a debates suscitados, que, incluso dentro de la masonería liberal, están lejos de haberse resuelto de manera unánime.